Por los defectos que contiene y el rechazo que ha generado, se ha de estimar que no se puede hacer una Reforma Laboral sin hacer caso a los sindicatos que son los que mejor conocen el mundo del trabajo, además de representar en las negociaciones a los trabajadores del país. Es una reforma que ha nacido a voluntad del Gobierno y de los diputados socialistas, sin duda con la influencia de sectores liberales del Ministerio de Economía, y me temo, del Banco de España, que han llevado al Presidente del Gobierno a cometer un error de tal magnitud, que si no la rectifica -junto con otros excesos recortistas-, él mismo va a ser su primera victima política, debido a que ha perdido la confianza en los feudos laborales y de los progresistas, lo que le obligará a dejar de ser el candidato electoral en el 2012 si quiere salvar al PSOE de un fuerte retroceso.
La ministra Elena Salgado dice, que la próxima huelga general del 29-S no va a tener efecto y que el texto continuará igual. Pues bien, la primera consecuencia ya la ha tenido con el deterioro político del líder socialista y el texto sin duda se modificará, porque por sus defectos sociales y empresariales no podrá ser de otra manera. Se ha hecho una reforma atendiendo las demandas de los sectores empresariales, técnicos y universitarios más rancios y desconocedores de la realidad en el interior de las empresas, así como de lo que son las relaciones laborales y los sistemas de trabajo consensuados en las mismas, a fin de mejorar los resultados y las condiciones de trabajo.
Hay cierto afán de gobernar para el capital, cuando el mismo ya tiene quien le escriba y le gobierne, que por cierto con la decepción de esta reforma tan mal orientada, pronto lo hará y posiblemente por muchos años. En política no se puede olvidar la razón de ser, ni a los afines que te pueden poner y si se sienten defraudados quitar con todas las consecuencias, que en este caso serían muchas, porque un nuevo presidente de la oposición sería aun peor para los trabajadores, el Estado de bienestar y las libertades. No quiero ni imaginar lo que sería Esperanza Aguirre (la Margaret Thatcher ibérica), gobernando España.
Por consiguiente, es tal el deterioro laboral y socialista que se ha producido y las consecuencias políticas y sociales pueden ser tan nefastas y de tanto alcance, que solo cabe una solución razonable: que el Sr. Presidente si lo tiene deje su orgullo personal, el cual no es de mentes socialistas, reflexione pensando en el bien del país, la economía y la sociedad; y en consecuencia, cite a la mayor brevedad posible a los sindicatos para reponer las relaciones que nunca debió romper, tomar un café y empezar a mandar a la papelera desde la mesa del dialogo social, lo que separe y no proceda establecer.
Sin embargo, me parece que el amigo Zapatero va en dirección contraria, al introducir en la opinión publica una carta marcada muy peligrosa políticamente al situar recientemente “Frente a la protesta en la calle, la mayoría del Parlamento que aprobó la Reforma Laboral”. Por favor que alguien le diga que no siga regalando esas flores y que vuelva a la cordura, dejando la ruta del abismo por la del retorno a la racionalidad y el acuerdo, que los trabajadores y los sindicalistas le tienen el máximo respeto a las instituciones, tanto que en su día fueron los que más lucharon por instaurarlas; y a la vez, están curtidos en mil batallas y este imprudente y desafortunado comentario, tan a la defensiva, les es inocuo. ¿Puede el Parlamento anular el pensamiento de la calle, que él debería recoger? Esas son marañas de perdedor, no coincidentes con las directrices sindicales que siempre son claras, reales y a la ofensiva.
En la reforma se ha hecho todo lo contrario a lo que solicitaban las organizaciones sindicales. En primer lugar, que se limitara la vergonzosa eventualidad existente y el fraude de ley que se daba en la contratación, eliminando los privilegios empresariales de contratar y despedir temporales a su libre albedrío. Corrigiéndose lo que ya ocurría con los despidos objetivos que, para bien ser, se debían limitar las causas económicas y de otra índole que los justificaban, para evitar que siguieran siendo la autopista de salida al desempleo.
¿Qué se ha decretado? Para que se entienda fácilmente diré, que antes los despidos por crisis con veinte días de indemnización (aunque se negociaban más) se daban cuando “contribuyeran a superar una situación económica negativa de la empresa”, entendiéndose por tanto que la firma ya estaba en perdidas. Así todo, la denostada reforma entiende “que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos.”
¿Qué significa esto?, nada más ni nada menos que la creación de la figura del Despido Preventivo tanto individual como colectivo fundado en causas económicas, al calificarse la posibilidad de pérdidas no solo actuales como antes, sino también por unas hipotéticas pérdidas previstas, con lo que podría ocurrir que por si acaso todas las empresas españolas empezarán a despedir a la vez por obra y gracia de la insensatez gubernamental, más ahora justificándose en la crisis general actual. Despidos que serán a un coste empresarial irrisorio de 12 días, al abonar de momento 8 el Fondo de Garantía Salarial, para ser financiados estos últimos por los propios trabajadores dentro de un año, sin incremento de las cotizaciones empresariales, por medio de un Fondo de Capitalización que se creará a tal efecto.
Evidentemente este atropello laboral de las “pérdidas previstas, o la disminución de ingresos” ha de ser eliminado de la ley. No se puede entender como se introdujo esta causa, por mucha necesidad de votos ajenos que el grupo socialista en el Congreso pudiera tener. Esta es una equivocación mayúscula y no cabe justificarla alegando que así se podrán prever y remediar los problemas a tiempo, sacrificando empleos para que otros se puedan salvar, porque eso ya se hace por medio de los Expedientes de Regulación de Empleo. Y, se ha de suprimir, por la picaresca de que “hecha la ley hecha la trampa” y aquí esta máxima popular adquiere vida propia en infinidad de empresas. Si se ha hecho por buenísimo e ignorancia fuera también.
Se reivindicaba limitar las causas del despido económico-objetivo y la reforma las ha incrementado y de tal forma, que a partir de ahora ningún trabajador fijo va a estar seguro en la empresa por mucha antigüedad que pueda tener. El grado de inestabilidad laboral que se ha creado es tal, que se ha terminado radicalmente con la dualidad entre fijos y eventuales al adquirir de golpe los primeros la condición de inseguridad de los segundos. Ya son todos iguales unidos por lo peor. Hasta ahora las plantillas observaban la situación y la evolución de sus empresas y si entendían que su funcionamiento era correcto, sabían que su puesto de trabajo no corría peligro. Pero con la modificación, al entrar en juego no solo lo actual y tangible si no lo figurado e irreal, contesto este que los trabajadores ya no podrán predecir, el temor de los fijos al despido será constante y similar al de los eventuales, debido a que se podrá producir en cualquier momento y sin existir motivos aparentes.
Dándose incluso una situación chocante. Cuando en una empresa sin dificultades todo el mundo sabia que su despido le costaría a su empleador 45 días, con la ampliación de esa causa económica prevista, que fácilmente pueden convertir un despido que tendría que ser improcedente, en económico o objetivo con 20; y el abaratamiento de ese tipo de despido al abonar el FOGASA 8 días, ese mismo empresario con 12 que pague tendrá bastante, 33 días menos que antes. Así y siendo tan fácil y barato, a qué ejecutivo o asesor agresivo que de todo tenemos, no le apetecerá despedir a un grupo de personas para probar fortuna y si la operación sale bien, ahorrar costes al contratar después temporales con sueldos basura. En todo caso, no se puede aceptar de ninguna manera la financiación obrera de la cuerda de la horca que sería el Fondo de Capitalización, para que sean los propios empleados los que se paguen parte de sus propios despidos, ni se pueden perder días de indemnización por mucho que se empeñe en su cruzada el liberalismo atacante.
¿Nadie ha pensado que sin estabilidad laboral, no habrá colaboración de los trabajadores en la empresa? ¿Quién va ha participar si la sociedad puede falsear y la ley avalar una crisis de futuro de la noche a la mañana y despedir con calderilla al colaborador? Nadie, por supuesto. La competitividad óptima de las empresas solo se puede conseguir de manera común, uniendo sus sinergias las partes económica y laboral. La empresa tiene que desarrollarse al máximo de sus posibilidades, lo cual requiere la participación o colaboración compensada de los trabajadores en ella, para que su funcionamiento sea técnicamente correcto. Las empresas no son como en el pasado ni en parte como la legislación laboral establece, ahora se habla en ellas de Calidad, Mejora Continua, Trabajo en Equipo, por medio de la implantación de un sistema gerencial y laboral de consideración y colaboración mutua.
Para bien ser, la empresa debe ser competitiva en base a la estabilidad empresarial y laboral, generando empleo fijo, garantía de futuro, con formación y en formación continua, con motivación salarial para que los trabajadores estén dispuestos a la colaboración. Pedir la participación de los trabajadores, para luego despedirlos sin motivo seria una ingratitud. Como compensación a los trabajadores por su colaboración –que es voluntaria dado que la legislación laboral no la exige ni puede hacerlo- la estabilidad es la primera reivindicación. Así se avanza, con la reforma se retrocede.
La principal justificación del Gobierno para facilitar y abaratar el despido es, que el 75% de los mismos eran por causas económicas, pero por impedimentos de la legislación, se trataban en realidad como improcedentes, por el llamado sistema exprés e indemnización de 45 días en vez de 20. No se ni me preocupa como han hecho esta estadística, pero en mi opinión no hay falacia mayor. Que se haga una encuesta en las colas de las oficinas de desempleo y se sabrá la verdad. Posiblemente, cuantificarán únicamente los pocos despidos que llegan a los Tribunales de lo Social y los que se dan cuando existe muy poca antigüedad.
Pero lo cierto es, que los despidos por crisis de verdad –que son objetivos y no improcedentes- se convalidan por ejemplo en el Servicio de Mediación aragonés con una media de 32 días, la mitad entre los 20 y 45 establecidos. En todo caso, si alguien no utilizaba las posibilidades de la anterior ley, sería por torpeza, porque los motivos eran otros, o por un fraude sumo en la contratación que impedía hacer otra cosa, no porque esta obstruyera la posibilidad real de los despidos de 20 días, porque ese es un comentario jurídicamente insostenible e infantil. Por lo cual, era innecesario y totalmente descabellado liberalizar más la legislación como se ha hecho.
De la reforma la Unión General de Trabajadores declara: “Nos aleja del cambio de patrón de crecimiento”. “No sirve para crear empleo”. “No va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo”. “Ha abaratado y facilitado el despido”. “Privatiza el desempleo”. “Abre la vía de la contratación de las empresas de trabajo temporal en sectores de riesgo”. “Rompe la negociación colectiva y aumenta el poder de dirección empresarial para modificar las condiciones de trabajo y para descolgarse de los incrementos saláriales pactados en los convenios colectivos sectoriales”. Cada una de estas siete perlas dan motivos por si mismas para hacer una protesta. Empecemos por la primera y si no es suficiente, deberá continuar el pulso social con ZP y sus liberales, las patronales y la derecha, porque después de la huelga del 29-S, si el Gobierno no rectifica, seguramente, al día siguiente, se cantará con más fuerza en las calles: “La solución... más movilización”, que es lo que habría que hacer.
Pero lo que irrita sobremanera es, que no se tiene en consideración a los trabajadores. Es decir, hasta a los propios hijos y chavales que también lo son o lo serán, porque que nadie se equivoque, el que depende de un salario privado o publico es asalariado y como tal hipotética victima de estas negativas medidas. Ante lo que cabe pensar ¿La generación actual de jóvenes trabajadores, junto a los mayores, será capaz de hacer frente en la calle a esta injusticia laboral que se acaba de implantar, como en otras épocas hicieron otras por parecidos motivos? Si no lo hace, significará para el movimiento sindical una generación perdida, una generación conformista sin vigor que pagará las consecuencias a lo largo de su vida. Que no den motivos a sus propios descendientes para que algún día los puedan avergonzar. Así de claro, compañeras y compañeros. Hay que pisar el charco. No vale con mirar y criticar. Bienvenidos a la lucha.
